El pañuelo verde dio paso al pañuelo naranja. En el marco del masivo reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, reflotó también otra lucha histórica, que apunta a la separación de la Iglesia del Estado. La consigna se da a nivel nacional. Para tener una idea del gasto que implica, en 2018 el presupuesto anual para la Iglesia asciende a $130.421.300, según los datos que dio Marcos peña en Diputados. Pero el nexo Iglesia-Estado también tiene sus efectos en territorio porteño. Por caso, el 2% de la recaudación va al Arzobispado.
Ese porcentaje va a un fondo común para el sustento de las parroquias más desfavorecidas. Pero no se trata del único aporte del Gobierno porteño al clero local. El Estado porteño destina más de 1200 millones de pesos para sostener el funcionamiento de los 64 colegios que dependen del Arzobispado y los 240 que pertenecen a las diferentes congregaciones del culto católico, según datos oficiales del ministerio de Educación local. En el presupuesto 2018, el monto destinado a subsidiar la educación privada es de $6.050 millones. Porque de las 1700 escuelas privadas en la Ciudad, 300 dependen de la iglesia.
Ante este panorama, la consigna “Iglesia-Estado asuntos separados” crece junto con el aumento de circulación de pañuelos naranjas. Y el debate llegó en las últimas semanas a la Legislatura porteña, donde se presentó un proyecto que busca terminar con las exenciones y subsidios al clero en territorio porteño.
El proyecto de ley de “Separación de la Iglesia del Estado de la Ciudad” fue presentado por el legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero-Frente de Izquierda. La iniciativa plantea el fin de “las exenciones impositivas comprendidas en el Código Fiscal otorgadas a entidades religiosas en todas sus expresiones (lugares de culto, congregaciones, viviendas particulares o colectivas, fundaciones y ONG, empresas y entidades educativas)”. Actualmente no pagan Ingresos Brutos, ABL y Patentes las empresas del clero, 238 parroquias y la Universidad Católica, que solamente en concepto de ABL se ahorra 8 millones de pesos anuales, según consignó Solano en el texto del proyecto.
“El Episcopado tiene 360 propiedades en la ciudad que están exentas. A un promedio de 50 mil pesos, porque hay propiedades que van desde los 30 mil a los 100 pesos, es una suma altísima”, remarcó Solano, en diálogo con Nueva Ciudad. Y agregó: “Hay que sumar a esto las empresas de la Iglesia que no pagan Ingresos Brutos como colegios, clínicas católicas (San Camilo, por ejemplo). Sin ir más lejos, de los estacionamientos a la vuelta de Legislatura, dos son del Episcopado. Estamos hablando de centenares de millones de pesos”.
En cuanto al ABL, la sede del Arzobispado debería pagar $98.000 mensuales pero goza de ese beneficio desde el año 1988 con fecha de caducidad fechada en el curioso año 9999. Para mencionar otros casos, Las Hermanas de la Resurrección de Nuestro Sagrado Señor Jesucristo gozan de una exención equivalente a $21.300 mensuales, mientras que la Asociación de la Iglesia evangélica metodista se encuentra beneficiada con $29.608 de ABL mensual hasta ese mismo año, 9999.
La propuesta de Solano también contempla terminar con las cesiones y permisos de uso a título precario y gratuito de tierras e inmuebles de la Ciudad y derogar la ley aprobada en 2015 por los bloques mayoritarios, que cedieron a perpetuidad al Arzobispado de Buenos Aires 17 predios, por un valor de 5,2 millones de dólares.
Además, la iniciativa pretende que no haya más subsidios a entidades religiosas para el pago de servicios públicos, punto que incluye la derogación de la Ordenanza 34.296 dictaminada en la última dictadura militar por el entonces intendente Osvaldo Cacciatore, que obliga al Tesoro de la Ciudad a hacerse cargo de la cuenta de la luz de la Catedral Metropolitana.
Fuente: Nueva Ciudad