La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada de Unidad Ciudadana, Victoria Montenegro, dialogó con parlamentario.com para analizar las modificaciones que el Gobierno porteño prevé efectuar sobre el Código Contravencional y sobre el aumento en la cantidad de muertes producidas por las fuerzas de seguridad.
Pese a que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el nuevo Código tendrá una fuerte carga de género, a fin de evitar el acoso a las mujeres, niñas y jóvenes, la legisladora advirtió que no considera que “tenga específicamente ese enfoque”. No obstante, afirmó que el Ejecutivo porteño es el de “privatizar las calles”.
Por otra parte, Montenegro -quien también es una de las nietas recuperadas- se refirió al incremento de los casos de “gatillo fácil” y aseguró que se debe a que el país está atravesando por un momento de “recrudecimiento en materia de violencia institucional”. También analizó el decreto presidencial para que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interna y afirmó que “es una historia que debería haber quedado en el pasado pero que ahora con este retroceso es una historia que vuelve a transitar nuestras calles”.
-El oficialismo impulsó una serie de reformas al Código Contravencional y uno de los aspectos más controversiales es la prohibición de los trapitos y limpiavidrios. ¿Qué opinión le merece esa propuesta?
-En principio el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo privatizar las calles porteñas y esconder lo que no le gusta que se vea. Como consecuencia de la grave crisis económica, cada vez más personas buscan la manera de ganarse la vida y entre esas personas están quienes trabajan limpiando los vidrios o tratando de generar algún tipo de ingreso en la calle. La reforma al Código Contravencional que plantea el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pone en una situación de mucho riesgo a estas personas de trabajo de la economía informal.
-Ese mismo proyecto busca sancionar a quienes coloquen afiches que promueven la oferta sexual, vinculadas muchas veces con la trata de personas. ¿Cree que la medida ayudará a disminuir los casos de trata?
-Es importante trabajar para combatir la trata de personas y todo lo que se haga en sintonía con esa lucha por supuesto va a contar con nuestro apoyo. Sin embargo, no creemos que el objetivo de la Reforma Contravencional tenga específicamente ese enfoque.
-Por otra parte, organizaciones sociales y familiares de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, están convocando a una marcha este lunes para manifestarse en contra del “gatillo fácil”. ¿Considera que las modificaciones al Código Contravencional y el decreto del presidente Mauricio Macri para que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interna podrían potenciar esos casos?
–Creemos que a partir de las política de estado del presidente Macri y de Rodríguez Larreta, lo que viene sucediendo es una gran recrudecimiento en materia de violencia institucional, persecución por parte de las fuerzas de seguridad a los trabajadores, una cuota de violencia racista frente a la comunidad senegalesa al igual que contra aquellas personas que trabajan en la economía informal y contra reclaman en la calle debido a que se vulneran sus derechos laborales, contra los trabajadores o los docentes o los estudiante. Vemos que la política del Gobierno es la represión a nivel nacional y también en la Provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal. Además observamos con mucha preocupación que el decreto nos hace retroceder décadas en materia de seguridad interior y habilitar a las FFAA a poder ejercerlas. Vamos a seguir apelando a todas las herramientas constitucionales para que esto no ocurra porque pone en riesgo la democracia. Es una historia que debería haber quedado en el pasado pero que ahora con este retroceso es una historia que vuelve a transitar nuestras calles.
-Finalmente, de acuerdo a un documento de la CORREPI asegura que desde su creación la Policía de la Ciudad tuvo dos casos de gatillo fácil por mes y que a nivel nacional cada 23 horas se produce un nuevo asesinato de ese tipo. ¿De qué manera se puede evitar esas muertes?
-Por supuesto que el problema de la violencia institucional tiene que ver con una herencia terrible que tuvimos a partir de que la violencia institucional fue usada y legitimada por el propio Estado. Una vez recuperada la democracia es una batalla que venimos llevando adelante desde los organismos de derechos humanos y de quienes militamos en contra de estas prácticas. Sin embargo, lo que vemos es que en el último tiempo, desde que Mauricio Macri asumió a nivel nacional, se intensificó mucho. Ya lo habíamos padecido cuando era jefe de Gobierno con lo que fue la represión en el Borda, que fue la primera vez que las fuerzas de seguridad balearon un hospital. También contra los estudiantes entrando a las escuelas. Pero eso que sucedía era compensado con diversas políticas de parte del estado Nacional y la posibilidad de trabajar con políticas de formación a los agentes con formación en derechos humanos. Esta perspectiva también padece un gran retroceso y por eso estamos viendo los casos de violencia institucional de un policía de la Ciudad que primero saca el arma y dispara, y después se fija para ver qué pasa como ocurrió en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires meses atrás. No se ve que el arma es la última opción que tienen. La forma de poder luchar contra la violencia institucional es con decisión política y con firmeza en la función de la fuerza. Pero aquellas personas que nos gobiernan con respeto por la vida, salgo que hoy no vemos y que en realidad se sigue avanzando con la Doctrina Chocobar que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich siempre pone en valor.
Fuente: Parlamentario