En medio de un creciente aumento de la pobreza, los diputados de Vamos Juntos Hernán Reyes y Omar Abboud presentaron en la Legislatura porteña una iniciativa mediante la cual buscarán evitar que los supermercados, hipermercados, minimercados y autorservicios desechen alimentos que aún se encuentran aptos para el consumo humano y así reducir los residuos alimenticios.
De esta manera, la normativa insta a los supermercadistas a elaborar periódicamente una declaración jurada deberá incluir un plan de reducción de residuos alimentarios y destino o tratamiento alternativo conforme el tipo de alimento.
Es así que los productos que se encuentren en condiciones aptas para el consumo humano podrán ser destinados a “acuerdos privados con proveedores para el retiro de stock”, “convenios no onerosos con organizaciones sin fines de lucro”, “convenios onerosos”, “transformación de los mismos en otros productos alimenticios” o “derivados a otros establecimientos”. Mientras que los que no puedan ser consumidos deberán ser “derivados a centros de compostaje”, “transformación en alimento para animales” y “utilización de los mismos para generación de energía”.
Asimismo, la iniciativa sostiene que en el caso de que se generen convenios de donación, los productos alimenticios tienen que cumplir con las “exigencias bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino” y “deberán ser celebrados con organizaciones sin fines de lucro que cuenten con experiencia en el manejo de alimentos y que puedan cumplir con los recaudos de trazabilidad, cadena de frío y condiciones de salubridad para su posterior distribución”.
En los fundamentos, Reyes y Abboud explicaron que “la prohibición general de desechar alimentos reviste particular importancia en el contexto actual en cuanto que habilita a que éstos puedan ser aprovechados por los sectores más vulnerables” e insistieron en que “es absolutamente necesario aunar esfuerzos para que estos alimentos sean recibidos en condiciones óptimas para su consumo”.
“La prohibición propuesta representa asimismo una vía idónea justificada dentro de la política pública de reducción de residuos urbanos, además de corresponder con el deber moral que como comunidad tenemos de realizar una mejor administración de los recursos de la sociedad, evitando su deterioro”, sentenciaron.
Fuente: Parlamentario