En el marco de la sesión ordinaria que se desarrolló este jueves, la Legislatura porteña aprobó con 56 votos positivos y 2 abstenciones una normativa que regulará con intensos controles la comercialización y reparación de los aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes.
La medida fue impulsada por el legislador de Vamos Juntos Ariel Álvarez Palma, cuyo principal objetivo es el de controlar el comercio ilegal de aparatos electrónicos, que se encuentra relacionado directamente con los hechos de hurto o robo en vía pública y encabezan las estadísticas delictivas. Además contempla la creación de un sistema público, online y gratuito de seguimiento de la actividad comercial con sanciones económicas, que irían de los 18 mil a los 90 mil pesos, y clausuras por incumplimiento.
Es así que quienes se dediquen a esta modalidad comercial deberán ingresar en el sistema de comercialización de celulares los siguientes datos: cada teléfono celular que posean para la venta; la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares; los teléfonos celulares que tengan para su reparación; las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen.
Por otra parte, los particulares podrán ingresar voluntariamente sus dispositivos de telefonía celular al sistema de control.
Al respecto, Álvarez Palma explicó que “este proyecto es una herramienta indispensable para atacar la economía de los que viven de comercializar celulares robados que en todo el país totalizan cinco mil por día” y aseguró que “la obligación de presentar la documentación respaldatoria sobre la procedencia de los teléfonos permitirá controles cruzados; quienes no puedan justificar el origen serán multados severamente”.
“El Estado tiene que tomar políticas públicas concretas para atacar el robo de celulares, por primera vez, las empresas se comprometen y generarán listas blancas y negras”, agregó y sentenció que “tenemos que ver el problema en forma global y el Estado tiene que hacerse cargo de este problema, una de las formas de hacerlo es con prevención”.
Por su parte, el legislador de Evolución Leandro Halperín señaló que “es una consecuencia de unos de los principales flagelos que tenemos en esta sociedad, que es el robo de celulares, uno de los delitos más comunes y que menos se denuncian” y remarcó que “los lugares en los que se venden celulares de baja, media y alta gama son conocidos por todos, vemos a todas horas entrar y salir teléfonos que pueden ser producto de robos”.
“A las empresas de telefonía celular no le importa si el teléfono al que le están dando línea está manchado con sangre, por lo que el Gobierno tiene que tomar otro tipo de medidas”, afirmó y concluyó que “este proyecto avanza en la registración de una lista blanca, también le da herramientas a la Agencia de Control Gubernamental para ir a inspeccionar los lugares donde todos sabemos que se compra y vende lo robado”.
A su vez el socialista Hernán Arce consideró que “es importante ponerlo en agenda porque es un tema de suma sensibilidad para los vecinos de la Ciudad, lo apoyamos porque contribuye a combatir esa actividad delictiva” y destacó que “la venta de teléfonos robados en el mercado clandestino es una ramificación que se encuentra vinculada a los secuestros, entre otras cuestiones”.
En ese mismo sentido el diputado del GEN Sergio Abrevaya indicó que “tenemos que asumir que este tipo de leyes son las que producen cambios en la sociedad, tenemos que sumar herramientas para otros delitos también, tal y como es el caso de los autoestéreos”.
Fuente: Parlamentario